Un tema que está de moda es cómo se solventan los problemas entre gobiernos de países y empresas multinacionales cuando hay discrepancias en las reglas de inversión extranjera directa. Hay en la actualidad más de 3000 acuerdos internacionales bilaterales sobre inversión (ver gráfico abajo, del WIR), y muchos de ellos establecen la existencia de una entidad supra-estatal que resuelva los conflictos que puedan surgir. Los gobiernos no se fían (tampoco las empresas multinaciones) de los sistemas judiciales del país socio con el que firman los acuerdos. El ejemplo más evidente es el lío que tiene Australia (por su ley de salud pública) con la industria tabaquera por obligar a empaquetar los cigarrillos en cajas iguales independientemente de la marca, y con los avisos tenebrosos que nos hemos acostumbrado a leer (ver aquí, por ejemplo, una explicación reciente).
La oposición a estos marcos jurídicos supra-estatales está de moda. No hay más que ver los movimientos en Europa contra lo que se prevé que se aplique en el acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE (aquí). A fin de cuentas los ciudadanos normales piensan que la justicia es, por definición, justa, y que los tribunales nacionales (sean europeos o americanos) deberían juzgar las posibles disputas. El recurrir a terceros no sería más que una muestra de que la justicia... no es justa y que según a quién se juzgue, así es la sentencia. Quizá por eso los gobiernos se muestran más restrictivos respecto a atraer inversión extranjera:
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