Acaba de publicarse el último número de la revista Single Market News que edita la Comisión Europa (DG Comercio Interior). Al final de cada número se suelen recoger los casos abiertos por infringir alguna normativa sobre movilidad dentro de la UE (de personas, mercancías, servicios,...). Y en este número aparece la apertura de un proceso de investigación vinculado a España, y que en nuestro país ha sido debatido por las distribuidoras de cine de Cataluña.
El gobierno autonómico de Cataluña ha exigido a las salas de cine de esta región que el 50% de las películas que distribuyan estén en lengua catalana. Esto implica un aumento de los costes de cada película porque hay que doblar más películas al catalán. Las distribuidoras han protestado alegando una barrera a la libre movilidad de servicios. El Tribunal de Justicia de la UE reconoce que los gobiernos pueden buscar la promoción de un idioma, pero indica que esto no debe discriminar a otros.
Aparentemente chocan dos derechos: el de los gobiernos a la promoción de una lengua, y el de las distribuidoras a distribuir libremente películas. Veremos cómo acaba el tema.
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