Como hace tiempo comenté
aquí y
aquí, la elaboración de datos estadísticos de algunos países deja que desear. Ahora el caso que ha salido a la palestra es el de Argentina. Textos seleccionados de un editorial de El País:
El Gobierno de Cristina Fernández ha reaccionado mal al ser acusado
por el Fondo Monetario Internacional de falsificar estadísticas de
precios. Oficialmente la inflación alcanzó en Argentina el 10,8% en
2012, menos de la mitad del 25% que estiman los expertos. Tras la
acusación, el Gobierno optó por negarlo. Después minimizó la falsedad,
generalizándola a todos los países, incluido EE UU. Al final se decantó
sin mayores explicaciones por el control de precios alimentarios,
presentado como un mero acuerdo con las cadenas de supermercados.
El engaño viene de lejos. Lo denunció hace ya un lustro un economista
ahora convertido en influyente ministro. También lo delataron los
propios funcionarios encargados de elaborar los datos. Trece de ellos
fueron despedidos. Y en consonancia, el kirchnerismo prohibió, bajo
multa de 100.000 euros, que las consultoras publicaran sus estimaciones
independientes. Si la realidad molesta, basta con borrarla.
El año pasado [el FMI] ya le sacó la tarjeta amarilla y
ahora, tras un aplazamiento, saca la roja: acaba de emitir una
“declaración de censura” contra el Gobierno argentino. Es la primera vez
que toma una medida tan grave en sus 69 años de historia.
Esta sanción verbal podría llegar a convertirse en la expulsión del
país infractor del organismo multinacional si, antes del próximo 29 de
septiembre, el Gobierno de Cristina Fernández no arregla el desaguisado.
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