Ya he indicado
en otras ocasiones que Argentina es todo un filón en noticias sobre proteccionismo. Aquí está un extracto de
la última:
Qué sucederá a partir del 1 de febrero cuando entre en vigor el decreto que obliga a los importadores a pedir autorización por cada producto que quieran ingresar, desde una simple tuerca hasta un ordenador. De acuerdo con la nueva ordenanza, los empresarios deberán elevar la
correspondiente solicitud a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), un organismo que hasta ahora sólo se ocupaba de recaudar impuestos.
Los empresarios piden aclaraciones acerca de la nueva medida, y el Gobierno sólo les ofrece una declaración de principios: a Argentina no ingresará ningún artículo homologable a otro que se fabrique en el país.
El argumento que esgrime el Gobierno, en defensa del control que
ejerce sobre las importaciones, es que de otra manera no se puede llevar
a cabo la reindustrialización del país.
A juicio de Marcos
Weisman, detrás de las políticas "en defensa de la matriz productiva" se oculta la desesperación de la Casa Rosada por reducir el déficit en el intercambio comercial industrial, que en el 2011 estuvo cerca de los 25.000 millones de dólares.
Otro de los objetivos no manifiestos sería evitar que se repita el
cuadro del 2011, cuando los activos del Banco Central cayeron en 5.800
millones de dólares al dispararse la demanda de divisas. "Al Gobierno le
quedan dos semanas para arrepentirse (de los nuevos controles que
piensa aplicar) de algo que pondría en riesgo procesos productivos enteros, la actividad económica misma y de seguido, miles de puestos de trabajo", concluye Marcos Weisman.
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